Niños logran amparo contra libros de SEP
Las administraciones municipales habrían dado con la fórmula para evadir los candados de la Ley Estatal de Obra Pública para hacer un libre manoteo de los presupuestos y decidir de manera discrecional a quién otorgan los contratos para la construcción de vialidades, las pavimentaciones y otros proyectos públicos. Ayer, en su sesión de ayer, la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado elevó la alerta al detectar que el 90 por ciento de la obra pública en la entidad se está asignando de manera directa. Es decir, que no se realizan licitaciones públicas y desde las direcciones o las presidencias se decide a qué empresas constructoras se beneficia. No es algo nuevo. Ya ha sido muy estudiada la estrategia que utilizan las administraciones municipales para evadir las licitaciones de ley: los presupuestos públicos se fraccionan de tal manera en la que no alcanzan los montos que marca la ley para una licitación obligatoria. Así, en fracciones, se adjudican las obras a algunas empresas, a sus filiales y hasta prestanombres, hasta alcanzar decenas de millones de pesos. El caso da para una investigación profunda.
Otra alerta que se ha elevado desde el Congreso del Estado es lo concerniente a la Agenda Púrpura que impulsa el mismo gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, para mejorar las garantías de las mujeres a una vida sin violencia y a mejores oportunidades de desarrollo y protección para los sectores vulnerables. La 64 Legislatura ha hecho las reformas para beneficiar la protección de niños, adultos mayores, mujeres y minorías. Sin embargo, los ayuntamientos se han quedado atrás en la homologación de las leyes municipales. Esto podría hacer que las reformas hechas por la 64 Legislatura queden en letra muerta en muy poco tiempo.
Por cierto, algo tendrá que hacer el Congreso de Sinaloa para perfeccionar la ley que suprime la patria potestad a los feminicidas. Hay ya la advertencia de algunos expertos en derecho que advierten el riesgo de que la legislación pueda ser considerada inconstitucional y que en los juicios pueda ser fácilmente tumbada de la forma en como está redactada. Y es que la ley podría ser considerada una violación a la presunción de inocencia de los inculpados que aún no han sido sentenciados por los jueces. Hay un acuerdo concensado por los colegios de abogados para promover la aplicación de esta reforma, sin embargo, la Legislatura debe de estudiar detenidamente sus implicaciones para que cumpla el fin para el que fue creada.
Y si de derechos hablamos, lo más polémico sobre este tema sería la lucha que libran algunas organizaciones políticas y civiles en contra de los nuevos libros de texto que entregó la SEP a los alumnos de escuelas públicas del país. El PRI Sinaloa anunció que al menos 50 niños han obtenido un amparo provisional contra los polémicos libros de texto. La lideresa del tricolor en Sinaloa, Paola Gárate asegura que el Juzgado Segundo de Distrito estudia los argumentos expuestos por los padres de los menores para determinar si les dan el amparo definitivo en contra del uso de esos textos en sus aulas.