Piden establecer sanciones al delito de fraude informático a nivel federal

• El diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, destacó la importancia de emitir leyes acorde a los tiempos que vivimos.

Con el fin de establecer el fraude informático como un delito sancionado en todo el país, el diputado de Morena, Nazario Norberto Sánchez, presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para adicionar una fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, que imponga igualmente las penas contempladas al que utilice plataformas digitales y lucre con ellas obteniendo un beneficio económico.

En la sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas destacó que por la pandemia del coronavirus se ha acrecentado el uso de la tecnología y con ello, aumentaron diversos delitos realizados a través de ésta sin que haya sanción para estas conductas.

Recordó que ya presentó una iniciativa al código local para penalizar el fraude informático, no obstante, es importante generar una norma que pueda ser armonizada en todo el país, sobre todo en este momento en el que por las condiciones del Covid-19 “nos vemos en la necesidad de utilizar con mayor frecuencia los dispositivos electrónicos para hacer nuestros pagos, compras o transferencias, actividades que hoy son más comunes que el año pasado”

“El siglo en el que nos encontramos y por supuesto el empuje que ha dado el coronavirus a la tecnología, ha demandado a los Poderes Legislativos a actualizarnos con relación a las conductas en las que se ve inmersa la informática o todo medio electrónico, principalmente cuando se ve inmiscuida en nuestro patrimonio”, dijo

Nazario Norberto destacó que la Asociación de Bancos de México ha alertado que el número de fraudes en la banca móvil ha aumentado debido a que se contactan con los clientes para robarles información, ya sea a través de correos electrónicos, mensajes de textos o llamando directamente para solicitar información.

El proyecto de decreto fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen.

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