Organismos internacionales rechazan aprobación de reforma a la Guardia Nacional

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Amnistía Internacional ( AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron su preocupación por la aprobación que el Congreso de la Unión dio para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De manera individual, los tres organismos internacionales pidieron al Estado mexicano reconsiderar estas modificaciones las cuales, según apuntaron, profundizan la militarización de las fuerzas de seguridad en el país.

Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos’

 

A través de un comunicado, la ONU-DH informó que la Alta Comisionada interina de este organismo, Nada Al-Nashif, expresó que es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Sedena, ‘lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif. Al-Nashif recordó además que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha aumentado de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que por el contrario, ‘ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los DH por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas’. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también respecto a esta reforma y en consecuencia, urgió al Estado mexicano a reconsiderar estas modificaciones. La CIDH recalcó que ‘toda política pública de seguridad ciudadana debe contar con una institucionalidad independiente de las fuerzas militares, con una estructura policial civil operativa y profesional para que sea una herramienta eficaz para la prevención de los delitos y protección de civiles, mediante el respeto y garantía de los DH por parte de los Estados’. Y es que de acuerdo con la CIDH, estándares interamericanos establecen que el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles y que, cuando las fuerzas armadas participen en tareas de seguridad, esta debe de ser ‘extraordinaria’, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte ‘excepcional, temporal y restringida’.

 

Por ello el organismo de defensa de DH apuntó que el paquete de modificaciones aprobadas por el Senado mantiene una tendencia hacia la militarización de la seguridad ciudadana en México. ‘La CIDH reconoce el reto que enfrenta México frente a la grave situación de violencia que afecta al país desde hace varios años. Aproximadamente 100,000 personas desaparecidas, 15,400 homicidios dolosos en lo que va del primer semestre, 15 personas periodistas asesinadas durante el 2022 y el reporte de más de 500 posibles feminicidios en lo que va del año, según información pública. ‘En este sentido, preocupa que la justificación para estas modificaciones enfatiza centralmente que solo una estructura como la de la Sedena, con su despliegue territorial, estructura operacional y disciplina militar se encuentra en capacidad de afrontar el contexto de violencia’, apuntó la CIDH. Finalmente, Amnistía Internacional (AI) también expresó su ‘enérgico rechazo’ a la decisión de las y los senadores de legalizar la militarización de México con la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional. El organismo apuntó que dicha iniciativa contraviene la Constitución e incumple los tratados internacionales que México suscribe, lo cual ‘representa un atroz acto que pone en riesgo la garantía de los derechos humanos’. “Lamentamos profundamente la decisión del Senado. Ya hemos visto los desastrosos resultados de la militarización de la seguridad pública en México durante los últimos 16 años. En vez de seguir por este camino, llamamos al Poder Ejecutivo a diseñar un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las calles, priorizando en el fortalecimiento de las policías civiles, así como el desarrollo de políticas públicas de prevención, tendientes a garantizar la seguridad pública”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de AI México. Amnistía Internacional, al igual que la CIDH, señaló que la militarización de la seguridad pública ha tenido ‘consecuencias desastrosas’ para los derechos humanos, pues tanto el Ejército como la Marina han sido acusados de violaciones generalizadas de derechos humanos. Estos pronunciamientos se dan luego de que este jueves, el Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular el dictamen de la minuta que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió para reformar la Guardia Nacional, la cual ahora quedará supeditada operativa y administrativamente a la Sedena. Este viernes, López Obrador agradeció a los legisladores la probación de su iniciativa y explicó que explicó que incorporar la Guardia a las Fuerzas Armadas permitirá evitar que se “eche a perder” como sucedió con la Policía Federal Preventiva.

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