“MALVIAJE LEGISLATIVO”, LA NUEVA LEY FEDERAL PARA LA REGULACIÓN DEL CANNABIS: PRD

  •         Regular uso lúdico de la cannabis es un avance; pero se tendrá que perfeccionar, dice
    ·        Incurre en el error de no hacer una distinción entre productos psicoactivos (que influyen en la percepción y alteración del ánimo) frente a los que no lo son, aun cuando de este matiz depende el éxito de la nueva regulación, expone
    ·        Prioritario que los recursos generados por la regulación del uso lúdico, sean destinados a la atención de las adicciones, y no como ha ocurrido con impuestos especiales que se distraen para atender temas prioritarios del gobierno en turno, expone
     
    El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados alertó sobre la necesidad de hacer ajustes al dictamen relativo a la Ley Federal para la Regulación del Cannabis tras señalar que, si bien representa un avance sobre el tema que había sido pospuesto (pese a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), resulta aún insuficiente y tal pareciera que se trata –dijo- de un “malviaje legislativo” ante las deficiencias que aún posee.
     
    Antonio Ortega Martínez, quien a nombre del GPPRD presentó 13 reservas al dictamen aprobado por las comisiones unidas de Justicia y de Salud, destacó que si bien con esta iniciativa se fue más allá de lo ordenado por la SCJN al crear una “Ley Federal para la Regulación”, dista mucho de ser una buena solución puesto que se incurre en omisiones y excesos que contravienen lo mandatado, y ello obligará a esta Cámara a modificar –nuevamente- estas decisiones.
     
    “Es increíble que por el afán de sobrerregular y de generar el mayor ingreso económico posible al gobierno, no exista –por ejemplo- una distinción entre tipos de compuestos cannabicos”, hacer la distinción entre productos psicoactivos (que influyen en la percepción y alteración del ánimo), frente a los que no lo son (y que tienen que ver particularmente, con componentes de uso industrial). “De ello –aseveró- depende el éxito o fracaso de la regulación que hoy se propone. Y esta falta de distinción parece darnos la razón cuando decimos que parece más bien un “malviaje legislativo”, argumentó Ortega Martínez.
     
    El legislador federal destacó en este sentido, los puntos que deben ser modificados para cumplir con lo que ordenó el máximo tribunal del país. Dijo por ejemplo que las licencias y permisos, tienen por objetivo simplificar su trámite y evitar que el uso lúdico se convierta en un procedimiento que lesione los derechos de las y los consumidores por lo cual debe establecerse como único requisito: Ser mayor de edad, y que solo regulen el uso y producción con fines lúdicos; no lo concerniente al medicinal, ni al de investigación o industrial.
     
    Respecto a la cantidad de plantas que se pueden tener en una residencia, añadió, consideramos que establecer números nos lleva a una sobrerregulación que, incluso, no es congruente en la misma ley. Tener un límite diferenciado entre residencias con un solo consumidor y diversos consumidores, nos llevará a procesos que nos obligarán a modificar estas consideraciones y criterios.
     
    De igual forma, expuso, la creación de asociaciones para el consumo con un límite de 20 personas es debatible y recomendó que, con base en la experiencia internacional, tendría que elevarse de 20 a 50 el límite de miembros en cada asociación.
     
    Consideró a su vez que la exagerada visión economicista de la regulación del uso lúdico, ha llevado a nuestro país a observar que el régimen de permisos y licencias, más que permitir el consumo, busca obtener el mayor número de ingresos fiscales y económicos para el gobierno.
     
    Propuso en consecuencia que los recursos generados por la regulación del uso lúdico, sean destinados a la atención de las adicciones, y no como ha pasado siempre con los impuestos especiales, que se distraen para atender temas prioritarios del gobierno en turno.
     
    Finalmente, aconsejó eliminar la “acción afirmativa” para pueblos indígenas pues aseguró que tal como está redactada, queda como una disposición “discriminatoria” y va a regresar a esta Cámara para ser suprimida por inconstitucional.
     

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