La Suprema Corte de Justicia pone límites a la Ley General de Bibliotecas

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudió el fondo de los dos primeros asuntos en lo referente a los amparos promovidos por más de 80 productores y autores de contenidos respecto a la Ley General de Bibliotecas, tras lo cual se confirmaron dos sentencias de jueces de distrito, en las que se dijo que las bibliotecas depositarias deben respetar en todo momento la Ley Federal del Derecho de Autor.

 

Así, en los amparos en revisión 132/2022 y 164/2022 la SCJN resolvió que “la Ley General de Bibliotecas debe sujetarse a lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor, en particular, respecto a la autorización que los productores y autores otorguen de sus obras” y que “es claro que para efectos de consulta, puesta a disposición, copia o digitalización de las obras y publicaciones que se entregan en el Depósito Legal, la autoridad bibliotecaria debe sujetarse a las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor”, así “con previa autorización de los titulares de los derechos, las publicaciones y obras que conformen el depósito legal aludido pueden ser consultadas, puestas a disposición y, en su caso, digitalizadas únicamente para fines de conservación, con excepción de las publicaciones cuyos derechos hayan expirado o se ubiquen en las hipótesis de dominio público”.

 

Por ende, las bibliotecas no podrán poner las obras y producciones para consulta pública, sin la previa autorización de los titulares de derechos, como claramente determinó la SCJN, dado que “la base sobre la cual opera el Depósito Legal es el debido acatamiento a la Ley Federal del Derecho de Autor”.

 

Además de esta autorización que deben dar los titulares para la consulta pública de sus materiales, la SCJN salvaguardó su derecho a proteger esas obras y producciones con medidas especializadas, señalando que: “se podrán implementar las medidas tecnológicas de protección efectivas y la información sobre la gestión de derechos tales como cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso normal de su operación, proteja el derecho de autor”.

 

Esto porque la “ley facultaba a las bibliotecas para que recibieran depósitos legales (ejemplares de cada libro, canción, película y serie creados en México) y permitir el acceso público a esos contenidos. Asimismo, se obligaba a editoriales y productoras a entregar esos materiales en condiciones que permitieran esos usos (archivos digitales sin medidas tecnológicas de protección)”, explicó la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana a través de un comunicado.

 

A decir de la CANIEM, lo anterior ponía en riesgo los derechos de autor y conexos que sirven para autorizar, o no, “los modos de acceso público a las obras y producciones, así como del derecho de proteger los archivos digitales con medidas anticopia y controles de acceso (medidas tecnológicas de protección)”.

 

 

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