LA AUDITORÍA Y SUS FUNCIONARIOS, NO TIENEN DERECHO A “ARRUGARSE” ANTE LA EMBESTIDA Y PRESIONES DEL PRESIDENTE: PRD

–        David Colmenares tiene una responsabilidad y un mandato de la Cámara de Diputados, y solo a ella debe de dar cuenta, a nadie más, precisa
·        Con su orden de investigar a la ASF, AMLO no solo debilita a ese órgano, sino a la misma Cámara de Diputados al pretender asestar un golpe a las facultades de control que aquí se tienen sobre el ejercicio del gasto público que realiza el Ejecutivo, alerta
 
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados advirtió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y sus funcionarios no tienen derecho a “arrugarse” ante la embestida y presiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera pues sostuvo que la responsabilidad y el mandato de David Colmenares es con la Cámara de Diputados, y solo a ella debe de dar cuenta, a nadie más.
 
Antonio Ortega Martínez, secretario de la Comisión de Hacienda en este Recinto Legislativo alertó asimismo que, con su mandato de “investigar a la ASF”, el Presidente no solo está debilitando a ese órgano sino también a esta Cámara pues, con su manifiesta inconformidad sobre los resultados de la revisión a la Cuenta Pública de su primer año de gobierno, pretende dar un duro golpe a la facultad de control que desde aquí se tiene sobre el ejercicio del Gasto Público del Ejecutivo. Pero además, indicó, lesiona la vida institucional del país al flagelar la división de facultades y el equilibrio de poderes que nos marca la Constitución.
 
Calificó pues, de inaceptable el hecho de que la Presidencia de la República pretenda exhibir y ridiculizar a la ASF luego de que presentara ante esta Cámara, el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, donde fueron evidenciadas irregularidades cometidas en el primer año de gobierno de López Obrador; lo que derivó en un reclamo de Hacienda al publicarse que la cancelación del aeropuerto de Texcoco habría costado el triple de lo dicho oficialmente. Y ante el reclamo, la Auditoría aceptó que, en efecto, hubo un error y no fueron los 331 mil 966 millones de pesos detectados.
 
Antonio Ortega, quien fungiera como Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la LX Legislatura (2006 a 2009), aseveró que lo conducente es esperar a que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de dicha Comisión -hoy a cargo del emecista Mario Alberto Rodríguez Carrillo- haga la revisión correspondiente respecto a lo analizado por la ASF y, después, “aceptar, ajustar o modificar el Informe que tanto ha molestado a López Obrador porque ha evidenciado un manejo desaseado, desarticulado, sin control de los recursos públicos, y ha exhibido como un ‘fracaso’ la principal bandera del Presidente y por la cual millones de mexicanos le dieron su voto: El combate a la corrupción y el ejercicio efectivo y ordenado de los recursos públicos”.
 
Esperemos –sugirió- los resultados finales de la revisión de la Cuenta Pública. Aún falta conocer las observaciones a los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida”; los proyectos del “Tren Maya”; “Dos Bocas” y el “Tren Transístmico” sobre los cuales no hay, hasta el momento, reclamos fuertes que sean incluidos en las fallas de las que hacen mofa y tratan de ridiculizar los funcionarios del Ejecutivo.
 
Antonio Ortega Martínez concedió cierta autenticidad a la evaluación hecha por la ASF con respecto al costo real por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco: “Arturo Herrera reconoce que restan por atender papeles de inversión y bonos por 4 mil 200 millones de dólares (84 mil millones de pesos) y deja claro que aún hay que pagarlos; por lo tanto –indicó- deben entrar a la contabilidad en el pasivo.
 
Citó además que los gastos no recuperables (pérdidas ya reconocidas por el Secretario Herrera) giran en alrededor de 78 mil 200 millones de pesos. Hay igualmente, una aceptada compra de bonos de “Fibra E” que han significado 34 mil 027 millones de pesos, más 498 millones de pesos por asesoría legal en los juicios y conciliación.
 
“Tan solo por estos tres rubros acumulados -agregó- el saldo es de: 112 mil 725 millones de pesos que, sumados los 84 mil millones de pesos en bonos en circulación (sin considerar los rendimientos que hay que pagar después de casi dos años, más costos de los juicios y de la negociación), hacen fácilmente contabilizables más de 200 mil millones de pesos”, corroboró.
 
El legislador federal confirmó entonces que el “error metodológico” del que se acusa a la Auditoría no cuestiona la cifra que supera con mucho, los 88 mil millones de pesos reconocidos por el gobierno como: “costos del cien por ciento de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco”.
 
“Daremos el debate en el Pleno cuando se revise la Cuenta Pública. Estaremos muy pendientes del resultado de la reunión con David Colmenares y los funcionarios de las auditorías especiales para tener mayores elementos de valoración; pero no caigamos en el error de ‘perder el bosque identificando los problemas en un solo árbol’. No distraigamos lo mayor por un tema menor”, recomendó finalmente.
 
 

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