Exhorta diputado Temístocles Villanueva a las fuerzas políticas del Congreso a aprobar la legislación relativa al trabajo no asalariado

Redacción

El diputado Temístocles Villanueva ofreció un discurso para razonar su voto del Dictamen a la Ley de Protección y Fomento al empleo, donde aseguró que el acceso al empleo digno en igualdad de condiciones, así como los derechos laborales derivados de este, es un tema fundamental para una urbe diversa y en movimiento como la nuestra.

Esto, sin embargo, depende en gran medida del reconocimiento y atención a las necesidades específicas de las distintas poblaciones, así como del universo de actividades laborales que se desempeñan en nuestra capital.

Para lograrlo, es necesario que el marco normativo que regula y fundamenta la actuación del gobierno en temas como fomento al empleo y protección en caso de desempleo, reaccione a nuestra realidad contextual y humana, poniendo necesidades clave de las personas y poblaciones que han sido más vulneradas, al centro de la legislación y aprendiendo de la experiencia de incertidumbre laboral que miles de personas enfrentaron a causa de la pandemia por el Sars-Cov2.

En este sentido, el dictamen que hoy presenta la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social, un dictamen de varias iniciativas, de las cuales resaltó la presentada por mi compañera diputada Guadalupe Morales; cubre mínimamente algunas de las necesidades señaladas en las iniciativas dictaminadas.

De manera particular, es necesario señalar que en el dictamen se encuentra ausente dos de los grandes temas con los que este Congreso tiene una deuda desde su I Legislatura: la inclusión de grupos de atención prioritaria así como la garantía del seguro de desempleo a personas que dejan de percibir un ingreso como trabajadoras no asalariadas.


Estas consideraciones, junto con la necesidad de facultar al entramado gubernamental de la Ciudad de México para responder a los retos en materia de empleo que puedan surgir ante una emergencia; no es otra cosa que una respuesta a la experiencia vivida durante la pandemia por personas artesanas, comerciantes, locatarias de mercados,micro y pequeñas productoras.

Avanzar con la reforma de las leyes y marcos normativos sobre el fomento y protección del empleo, además, es también una responsabilidad que tenemos como Congreso de homogeneizar todo el entramado legal capitalino con las disposiciones progresistas y de derechos contenidas en nuestra Constitución local. La obligación de garantizar el derecho al trabajo para grupos de atención prioritaria y a
aquellos que enfrentan discriminación estructural está expresamente reconocida en sus artículos 10 y 11.

No dejo de reconocer el trabajo realizado por la presidenta de la Comisión y su equipo técnico para el complejo proceso de dictaminación de este conjunto de iniciativas, especialmente en lo referente a la actualización de los conceptos y entramado institucional contenidos en la Ley.

Pero, a la par, tampoco puedo dejar de señalar que es urgente y necesario que asumamos, en conjunto, un compromiso presupuestal con la garantía de los derechos laborales contenidos a nivel constitucional para todas las personas, en condiciones de dignidad e igualdad.

Así, esta es una tarea que no puede quedar fuera de las facultades y obligaciones de todos los órganos y niveles de gobierno, menos aún, argumentando la insuficiencia presupuestal que debería estar garantizada de origen.

Por lo anterior, reflexiono mi voto en abstención para el dictamen en discusión, sin dejar de hacer un llamado a que todas las fuerzas políticas que formamos este Congreso asumamos la importante labor de aprobar la legislación relativa al trabajo no asalariado, tema pendiente desde la legislatura pasada.

Y que sigamos insistiendo en la necesidad de que los grupos de atención prioritaria y grupos vulnerados por condiciones de desigualdad y discriminación estructurales se encuentren explícitamente nombrados en la Ley, como una obligación constitucional y como un compromiso con los derechos y el combate a la desigualdad que todas y todos debemos asumir.

Debemos poder garantizar la protección especial a los grupos de atención prioritaria y a las personas trabajadoras que por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial, incluyendo el seguro de desempleo, y no podemos dejar de trabajar en ese sentido.

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