El caso “Alito” Moreno escala: el INE indaga los audios; la FGR recibe denuncias

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una investigación sobre el presunto financiamiento irregular que habría tenido el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las campañas de Campeche en 2021, caso detonado a raíz de los audios filtrados en los que el líder de ese partido, Alejandro Moreno Cárdenas, admitió el “pase de charola” con empresarios. Ese y dos audios más han sido difundidos por la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores Sanromán, quien durante las últimas semanas en su programa “Martes del Jaguar” y en Twitter ha dado a conocer grabaciones supuestas conversaciones sostenidas por el priista con diversas personas.

 

Es espionaje y manipulación: PRI Contrademanda “Alito”: revela indagatoria de ASF

En el primer audio filtrado, el priista aludió el supuesto pago de 5 millones de dólares al estratega electoral español Antonio Solá para campañas durante el proceso electoral de 2021 en Campeche, entidad que gobernó Moreno Cárdenas y ganó Sansores. En la segunda grabación, el líder tricolor presuntamente habla de aportaciones privadas al PRI por 25 millones de pesos de la empresa Cinépolis –firma que negó rotundamente esos donativos-, y en la tercera, difundida el martes 24 de mayo, se revelaron expresiones que el líder del tricolor habría realizado en contra de periodistas. “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”, se escuchó presuntamente decir a Moreno Cárdenas, también diputado federal, quien rechazó haber realizado esas expresiones que desataron la polémica. Fue a raíz de este último audio que el dirigente del PRI salió a defenderse pues, aseguró, sí hay espionaje en su contra, pero los audios fueron “truqueados” con el objetivo de minar la alianza electoral del PRI, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). En Twitter el priísta, conocido como “Alito”, reveló que se contratará un “peritaje independiente” para “demostrar la manipulación y fabricación” de esos audios. Pero Moreno fue más allá y reviró, con la publicación parcial de una denuncia presentada ante la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) en contra del Renato Sales, actual Fiscal del estado de Campeche, quien fue Comisionado Nacional de Seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Según Moreno Cárdenas, en esa calidad de funcionario policiaco recibió el software Pegasus, adquirido por 807, 659, 404 de pesos, pero “no lo operó para combatir el crimen, realizó pagos en exceso, se lo quedó y eso se usaría hoy para espiar a la oposición”.

 

El gobierno de Campeche denuncia en FGR Investiga INE, aunque la FGR la bloquea

 

El priista argumentó que “todos los audios se obtienen y manipulan con un sistema de espionaje, que nunca se entregó a la Policía Federal y que se robó el hoy Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia”. Así, se dijo víctima de espionaje, y anunció que irá a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia penal “en contra de quienes están promoviendo estos actos, divulgando información falsa y mintiéndole a la ciudadanía”. En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, la gobernadora dio a conocer que ya presentó una denuncia ante la FGR en contra del exmandatario de Campeche por enriquecimiento ilícito. “Estábamos investigando por enriquecimiento ilícito, pero de ahí ya sospechamos que había muchas cosas más allá, son delitos que yo podría pensar que hay asociaciones delictuosas, hay delitos de extorsión, cohecho, de distracción de recursos que se tienen”, refirió. Respeto a la investigación electoral, el consejero del INE, Ciro Murayama, anunció que el organismo abrió una investigación por el caso de los audios citados. “Exactamente lo mismo que se hizo por los videos de otros personajes que pueden implicar financiamiento irregular a otros partidos. La misma vara, sea quien sea”, dijo. Pero recordó que el INE enfrenta obstáculos para la investigación de presunto financiamiento irregular, pues la FGR se ha negado a entregar información en su poder. El INE ha alertado que esa práctica comenzó desde 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues si bien antes la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dilataba las respuestas a requerimientos del INE, en este sexenio la ahora Fiscalía se ha negado a la mayoría de las peticiones con el argumento de mantener el secreto ministerial. Entre esos casos de negativa de información está el del hermano del presidente, Pío López Obrador, caso en el que el INE no ha podido avanzar en las indagatorias sobre los videos en los que ese familiar del presidente apareció recibiendo dinero en efectivo. “Por cierto, si algo ha impedido al INE avanzar de forma expedita en las indagatorias de presunto financiamiento irregular es la negativa de la FGR de entregar información en su poder. Nos enfrentamos a obstáculos desde instituciones del propio Estado mexicano. Lamentable”, condenó el consejero. Sobre este caso, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) impidió la entrega de información de la FGR al INE.

 

Y piden investigación de 39 agresiones a prensa en sexenio de “Alito”

 

La organización de defensa de periodistas y la libertad de expresión, Artículo 19, exigió a la Fiscalía General del Estado de Campeche y a la Secretaría de la Función Pública de esa entidad una investigación exhaustiva ”sobre los actos de censura perpetrados durante la gestión de Alejandro Moreno como gobernador”. Dio veracidad a los audios ya que durante ese gobierno documentó frecuentes agresiones a la prensa, incluso encarcelamiento y tortura de comunicadores. “Cuando Moreno era candidato a la gubernatura de Campeche, registramos dos agresiones contra periodistas vinculadas a sus campañas electorales. Más adelante, ya como gobernador de dicha entidad (2015-2019), esta organización documentó 39 ataques contra la prensa, de las cuales, 15, es decir, el 38.46%, se relacionan directamente al gobierno de Moreno Cárdenas”, difundió. El organismo se refirió a la expresión “matarlos de hambre”, práctica que denota “un problema de violencia estructural contra la prensa: la precariedad laboral” pues ha documentado que hay entidades donde la prensa “gana hasta 20 pesos por nota con fotografía publicada, es decir, que deben hacer casi 16 notas publicadas para llegar al salario mínimo. Utilizar la precariedad de la prensa y tomar ventaja de ésta tiene un efecto cascada” que deriva en “violencia letal”. En tanto, el coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, repudió los presuntos ataques a la prensa divulgados en las escuchas ilegales, pues “no importa quien las haya pronunciado, son totalmente reprobables, absolutamente reprobables”.

 

 

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