Diputada de Morena va contra el “Chapulineo” en el Congreso de Nuevo León

Con el fin de asegurar la gobernabilidad y el respeto a la voluntad ciudadana, la coordinadora del Grupo Legislativo Morena, Jessica Martínez, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León.

 

El proyecto planteando por Jessica Martínez, contempla que las fracciones legislativas no puedan tener una representación que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación efectiva, estableciendo un tope a la cantidad de legisladores que pueden pertenecer a una bancada en relación con la votación obtenida, evitando que los legisladores cambien de bancada.

 

Esto nace debido a que los únicos beneficiarios de que una fracción parlamentaria aumente o disminuya sus integrantes son los partidos políticos y los grupos Legislativos.

 

“Es una propuesta viable que tiene como finalidad proteger la pluralidad de la democracia, mantener el voto popular como el máximo bien a tutelar y evitar la corrupción del poder de representación popular”, indicó.

 

La iniciativa destaca la necesidad de trabajar no solamente en la ingeniería de los procesos preelectorales y electorales, sino también en los procesos post electorales para garantizar la voluntad popular, la gobernabilidad y buena administración, así como también evitar la corrupción y la sobre representación de los partidos políticos.

 

Pide Pámanes remoción de fiscal Anticorrupción por nulos resultados

 

La vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Congreso local solicitó este lunes la remoción del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Javier Garza y Garza, por sus nulos resultados en la materia.

 

Pámanes refirió que el Instituto Mexicano para la Competitividad AC, en conjunto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Estrategia Contra la Impunidad, realizaron un reporte de desempeño de las Fiscalías en Combate a la Corrupción de cada entidad mexicana.

 

En el reporte señalan que del 1 de enero del año anterior al pasado 1 de mayo, se recibieron 3 mil 089 asuntos relacionados a casos de corrupción, y solo uno ha terminado en sentencia condenatoria.

 

“Este fiscal, aún y con toda la autonomía que tiene, tiene la obligación de perseguir los delitos de corrupción, de hacer todas las indagatorias que sean necesarias y es algo que no está sucediendo.

 

“Y al mismo tiempo tiene que garantizar que cualquier ciudadano tenga la facilidad y la opción de acudir a esta instancia para perseguir cualquier situación de corrupción que se pueda estar presentando”, indicó.

 

“Y al mismo tiempo tiene que garantizar que cualquier ciudadano tenga la facilidad y la opción de acudir a esta instancia para perseguir cualquier situación de corrupción que se pueda estar presentando”, indicó.

 

 

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