CNDH lamenta motín en cárcel de Acapulco que dejó 20 policías lesionados

CNDH lamenta motín en cárcel de Acapulco que dejó 20 policías lesionados La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó el motín que se registró este lunes en el Centro de Readaptación Social de Acapulco (Cereso), Guerrero, debido traslado de 61 presos a cárceles federales y que dejó a 20 custodios heridos.

 

A través de un comunicado, ese organismo hizo un llamado a las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal para que en los posibles traslados de personas privadas de la libertad se realicen en el marco del respeto, protección y garantía de sus derechos humanos.

 

“La medida que por sí misma tiene restricciones que pueden afectar considerablemente sus derechos a la legalidad, seguridad jurídica, a la integridad personal −tanto física como mental−, a la defensa, al debido proceso y su contacto con el exterior”, señaló.

 

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La Comisión recordó que se ha pronunciado sobre presuntas violaciones cometidas en la ejecución de traslados de personas internas, y que algunos de ellos representan una de las formas más comunes de violación del derecho a la seguridad jurídica de las personas privadas de su libertad, ya que además de obstaculizar el seguimiento de su proceso, generalmente alejan a la persona del lugar más cercano a su domicilio, situación que sólo es dable bajo las excepciones que la propia Constitución señala. 

 

“El Estado tiene el deber de garantizar que la persona sujeta a prisión tenga la posibilidad real y efectiva de defenderse en el proceso que se sigue en su contra, sobre todo si se toma en cuenta que el derecho penal parte del principio de presunción de inocencia. Por otra parte, tratándose de las personas sentenciadas, el contacto con su familia y con su núcleo social es fundamental para alcanzar el fin de la pena, que es la reinserción social”, expuso.

 

Indicó además que ha invocado que en los casos donde los traslados se justifican con medida para la despresurización de las cárceles, puede recurriese previa o paralelamente a otras medidas para atenuar este problema. 

 

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“En primer lugar, por lo que respecta a la población penitenciaria sujeta a proceso, es conveniente que se lleve a cabo una revisión periódica de los procesos judiciales abiertos, con objeto de verificar que su tramitación se realice con la debida diligencia, lo que no sólo contribuirá a reducir la sobrepoblación penitenciaria, sino que constituirá una garantía de una mejor justicia. En segundo lugar, es necesario que la tramitación y concesión de los beneficios de libertad se hagan puntualmente, ya que el rezago redunda en un incremento de la población en los centros de reclusión”, explicó.

 

También hizo un llamado urgente para que ante la programación de dichos actos, se respete el principio de legalidad, respecto de que los traslados deben ser “autorizados y supervisados por autoridades competentes”. Así como observar lo ya expuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha expresado que “independientemente de quién sea la autoridad encargada de ello, es obligación del Estado informar a la o el juez o tribunal a cuyo cargo se encuentra la persona privada de la libertad acerca del traslado

 

 

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