Antes de tomar posesión como presidente, Andrés Manuel López Obrador dio la orden de recortar gastos: “Seamos austeros”. Su lema “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre” se materializó en la Ley de Austeridad Republicana.

La justificación: había toallas de 4 mil pesos, gastos en cocineros, escoltas, autos, asesores, seguro de gastos médicos… 

 

Sin embargo, a cuatro años de austeridad, no solo se han recortado gastos suntuosos. También se dio un golpe a la operación misma del gobierno con recortes de personal, cancelación de prestaciones, falta de material para el trabajo cotidiano, vehículos detenidos por falta de gasolina, baños y elevadores descompuestos, oficinas a oscuras. 

Los afectados no son solo burócratas y funcionarios. 

 

Los recortes son de este tamaño: todo el gobierno tuvo 50% menos en insumos básicos como hojas, impresoras o fotocopiadoras entre 2018 y 2022, pero en Bienestar, la disminución llegó a 98%; en Presidencia, a 93%; en Hacienda y Función Pública, a 80%. 

 

En los servicios generales, tan básicos como la electricidad, el internet o el agua, entre otros, el recorte fue de 37% entre todo el gobierno, aunque en ocho dependencias las disminuciones alcanzaron entre 80% y 90%, como Economía, Cancillería, Desarrollo Agrario o Turismo.

 

Estos recortes se traducen en que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, prefirió recortar personal y no revisó ni arregló las principales carreteras, lo que hubiera evitado muertes.

 

La situación también se refleja en falta de viáticos que permitieran a la Secretaría de Educación Pública enviar personal que verificara daños en escuelas reportadas como inundadas o robadas. Como nadie verificó, no se pudieron cobrar los seguros.

 

Funcionarios de Bienestar tienen que hacer “vaquitas” para comprar papelería. Los de Cancillería pierden tiempo esperando el elevador que los lleve a alguno de los 23 pisos de su torre, porque la mitad está descompuesta. En Semarnat, trabajan con software pirata. El archivo digital del Registro Agrario Nacional está a punto del colapso por falta de presupuesto para su mantenimiento. 

 

La consecuencia: el servicio a los ciudadanos ha empeorado. 

 

Las denuncias por la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos han aumentado en 38%, y la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública creció en 17% entre 2018 y 2020, según datos del Censo Nacional de Derechos Humanos del Inegi. 

 

La evolución del gasto fue comparada entre 2018 y 2022 para contrastar las cifras del gobierno de Enrique Peña Nieto con las de Andrés Manuel López Obrador. También, entre 2019 y el presupuesto para 2023, para analizar los cambios presupuestales solo en la actual administración, y dejando fuera del análisis 2020 y 2021, porque los años de pandemia provocaron gastos atípicos. 

 

De esta comparación se desprende que la austeridad ha sido selectiva, porque recursos hay, y cada vez más. La administración de López Obrador gastó 3% más en términos reales que en 2019, cuando ejerció 7 billones 156 mil millones de pesos, en comparación con Peña Nieto en 2018, que ejerció 7 billones 102 mil millones. Pero al comparar 2019 con 2023, el crecimiento presupuestal es de 16% en términos reales, pues para el quinto año de gobierno tendrá 8 billones 299 mil millones de pesos de presupuesto. 

Pero aun cuando la administración de López Obrador gastará más dinero el próximo año, los recortes para el funcionamiento de las oficinas de gobierno continuarán, porque la prioridad siguen siendo las obras insignia de esta administración y los programas sociales, que cada año tienen aumentos presupuestales. 

 

El 2023, el gobierno federal tendrá 340 mil millones de pesos para materiales y suministros indispensables para trabajar en sus oficinas, un recorte de 26% en comparación con 2019, cuando tuvo 458 mil millones.

 

Para servicios generales tendrá 41% menos en 2023, es decir, 157 mil millones menos. Esto en realidad no es “ahorro”, sino el aplazamiento de un gasto que podría ser mayor ante la falta de mantenimiento de inmuebles cuyos desperfectos se pueden agravar. 

 

Animal Político y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizaron esta investigación para comprobar los efectos de la “austeridad republicana” en la labor cotidiana de los funcionarios y su repercusión entre los ciudadanos y los servicios que deben recibir. 

 

La investigación se hizo a través de la revisión de los Programas de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) de todas las dependencias, un reporte trimestral y obligatorio por ley en el que se evalúan los riesgos que amenazan las metas y los objetivos institucionales; de los Informes de Austeridad, que reportan los montos “ahorrados”; de encuestas del Inegi y de decenas de entrevistas a funcionarios y exfuncionarios de todos niveles (cuyos nombres fueron cambiados en todos los casos para evitar represalias). 

 

Igualmente, con el análisis de Cuentas Públicas y del presupuesto asignado y ejercido de los principales rubros para que el gobierno funcione: servicios personales (pagos y prestaciones a empleados), materiales e insumos (artículos de papelería, higiene, refacciones de máquinas, etcétera) y servicios generales (rubro que lo mismo incluye mantenimiento a edificios para dar servicios a ciudadanos que la ciberseguridad para evitar robo de información). 

 

Al inicio de la pandemia, en abril de 2020, la instrucción de trabajar en casa puso en apuros al área de Magali, exfuncionaria de la Secretaría de Gobernación. Ahí trabajaban 12 personas, pero solo había una laptop. Todas debían seguir trabajando, así que algunas, como ella, tuvieron que comprar un equipo adicional; en su caso, la única computadora en casa la ocuparía su hija para tomar clases a distancia. 

 

Otros más no pudieron hacer ese gasto, “por eso regresamos a trabajar por turnos”, cuenta Magali; sin embargo, eso alentaba los procesos burocráticos, de por sí poco eficientes. Además, al trabajar en la oficina, “no había ni siquiera hojas para poder imprimir archivos, por eso andábamos recolectando hojas con otras áreas y luego las reponíamos”. Esto, porque solo les entregaban un paquete de papelería cada mes; si se acababa, no les resurtían. 

 

Mónica, exfuncionaria de la Secretaría de Hacienda, asegura que en los últimos dos años no había papelería para armar carpetas ni siquiera para las reuniones relevantes con funcionarios de organismos internacionales o para el mismo secretario; se eliminaron las impresoras a color y a veces ni siquiera había hojas; el extremo era limitar el papel higiénico, pues les repartían un rollo a granel por cada sanitario una vez al mes.  

 

“Nosotros comprábamos cosas de papelería por fuera para cumplir con el trabajo, pero todo eso nos hizo sentir que el servicio público era devaluado, pese a que éramos los empleados que sacaban el trabajo todos los días”, relata Mónica. 

 

En la Semarnat, no solo tenían computadoras obsoletas; tampoco tenían programas instalados porque los mandos no quisieron pagar las licencias. Los trabajadores usaban versiones pirata o software libre, lo que incrementaba el riesgo de ataques cibernéticos y poca eficiencia; los funcionarios optaron por llevar sus propias computadoras, explica Sofía, otra exempleada. 

 

Los números confirman esto. 

 

Como parte de la investigación, en Animal Político y el IMCO se analizó el “Clasificador por objeto del gasto”, donde se encuentran organizadas por claves cada una de las cosas que se compran, contratan o arriendan para el funcionamiento de gobierno. Luego se consultó con fuentes, como exoficiales mayores, para seleccionar los servicios y artículos básicos para poder trabajar en las oficinas gubernamentales, desde energía eléctrica hasta arrendamiento de edificios, o seguridad informática, y se obtuvo una selección de 38 conceptos. De ellos, 30 tuvieron recortes. 

 

De ese análisis se desprende que, por ejemplo, la clave 21101 correspondiente a “materiales y útiles de oficina” —que incluye papelería, formas, libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, útiles de escritorio como engrapadoras, perforadoras manuales, sacapuntas, entre otros— tuvo un recorte de 22% entre 2018 y 2022, y para 2023, los funcionarios tendrán aún menos papelería, con 2 mil 115 millones de pesos, es decir, mil 270 millones menos en comparación con 2018.  

 

En la Secretaría de Bienestar, la dependencia encargada de la distribución de miles de millones de pesos de los programas sociales, la principal acción en materia social, las reparaciones de impresoras y fotocopiadoras y la renovación de equipos de cómputo tardaron más de lo normal, mientras que los faltantes de tóner y hojas han hecho que los funcionarios también tengan que comprar insumos para trabajar, cuenta José, un exfuncionario.

 

El recorte explica estos faltantes. La compra de materiales y útiles de impresión, de la partida 212021 —que incluye la “adquisición de materiales utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación”— tuvo un recorte de 50% entre 2018 y 2022. 

 

Mientras, el concepto 29301 “refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración” —que abarca fotocopiadoras, escritorios, sillas, archiveros, máquinas de escribir, calculadoras— tuvo 40% menos. Y el mantenimiento y la conservación de bienes informáticos como computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre otros, incluido el pago de deducibles de seguros, tuvieron 15% menos dinero entre 2018 y 2022.

 

 

La costosa “austeridad republicana”: recortes de 90% golpean la operación de gobierno y dejan peores servicios a ciudadanos.

 

 

 

 

 

 

 

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